“En el siglo XIX y parte del XX los progresistas lucharon por extender el derecho de sufragio a toda la ciudadanía sea cual fuera su sexo y nivel de renta. Hoy ser progresista pasa por rechazar que el derecho a decidir quede limitado a los miembros de un "pueblo".”
IÑAKI IRIARTE LÓPEZ
Derecho a decidir
M ÁS de 80 personalidades de la política, la cultura y el deporte vascos -entre los que se cuentan Atutxa, Perurena o el bertsolari Egaña- han constituido la plataforma "Erabaki" en favor del "derecho a decidir". Con este fin han publicado un manifiesto donde se afirma que "todos los pueblos tienen derecho a decidir libremente su futuro". A su entender, esa competencia correspondería también al "Pueblo Vasco" y su ejercicio permitiría abrir "el camino de la paz" y "de la normalización política", por medio de la elección de "nuestro propio futuro en libertad". El nacionalismo tiende a confundir sus prejuicios con el fundamento de la democracia. Supone así que un Estado donde no se acepte el llamado derecho a la autodeterminación no constituirá un régimen verdaderamente democrático. En realidad, sucede más bien lo contrario: el "derecho de los pueblos a decidir", es decir, a la soberanía, entraña una grave amenaza contra el fundamento de la democracia: el derecho de la ciudadanía a decidir sobre la base de la igualdad jurídica.
De igual modo que términos como "identidad" y "cultura", "pueblo" es un concepto extremadamente problemático. Todo nacionalista cree que el suyo constituye una realidad objetiva, bien definida, avalada por razones geográficas, históricas o antropológicas, pero, curiosamente, esas mismas razones le parecerán erróneas al nacionalista de otro "pueblo" que reclame parte del territorio que el primero tiene como propio. Descendamos al ejemplo más cercano: ¿quién constituye ese "Pueblo Vasco" al que se refiere el manifiesto? ¿Los habitantes de las siete provincias, incluso aquellos cientos de miles que no se consideran vascos? Estoy casi seguro de que a la mayoría de los firmantes -que exigen "la defensa de todos los derechos humanos para todas las personas"- les parecería una barbaridad obligar a otros a ser lo que no quieren ser. Así que habrá que concluir que serán parte del Pueblo Vasco solamente cuantos se sienten parte del mismo. Pues bien, teniendo en cuenta que -según las encuestas- entre más de la mitad y un tercio de los vascos se considera también español o francés y en la medida en que buena parte de ellos convive en un mismo territorio junto a otra población que no se siente vasca, ¿qué puede significar ese derecho a "establecer sin imposiciones cómo deseamos vivir y organizarnos" que proclama el manifiesto? Parecerá un tópico, pero al menos en el interior de Europa las fronteras están desdibujándose con inusitada rapidez. Y esto hace que el concepto de "pueblo" pierda todavía más consistencia. Hace tiempo que hay más apellidos vascos por Francia y España que en las siete provincias. Nuestra economía está integrada en el contexto español y europeo. Son centenares de miles los foráneos que han venido a vivir entre nosotros y centenares de miles también los nacidos aquí que se han ido a vivir fuera. No habitamos, por tanto, en ninguna isla. ¿Cómo entender que podamos decidir como si estuviéramos aislados en medio del océano? En una sociedad tan compleja como la nuestra, ser parte de un "pueblo" no puede convertirse en una bula para ejercitar un derecho absoluto a elegir al margen de los demás.
Concebir la política a partir a la idea de que la soberanía corresponde a los pueblos implica también otro problema. Cada vez son más los ciudadanos que se sienten miembros de varios pueblos a la vez o que no se reconocen en ninguno. ¿Cuál es el "ámbito de decisión" donde quedarían ubicados todos esos "mestizos", "apátridas" y "ciudadanos del mundo"? En el siglo XIX y parte del XX los progresistas lucharon por extender el derecho de sufragio a toda la ciudadanía sea cual fuera su sexo y nivel de renta. Hoy ser progresista pasa por rechazar que el derecho a decidir quede limitado a los miembros de un "pueblo". De lo que se trata, por lo menos en Europa, es de trabajar en la construcción de un espacio jurídico común, donde la soberanía corresponda al conjunto de los ciudadanos, con independencia de su etnia o lugar de residencia.
domingo, 27 de enero de 2008
miércoles, 9 de enero de 2008
El "caso Portu"
“Piensen en esto: Igor Portu se recupera hoy de sus lesiones en un hospital público; cuando se recuperé será encausado, juzgado, contará con un abogado defensor de su confianza y cumplirá una condena proporcional a sus delitos, ¿recuerdan algún caso en el que ETA condujera al hospital a una de sus víctimas y le permitiera aducir algo en su defensa?”
Iñaki Iriarte López
Diario de Navarra. Miércoles, 9 de enero de 2008.
El "caso Portu"
UNA vez más, los ciudadanos de bien hemos de sentirnos agradecidos hacia la Guardia Civil por haber detenido a dos presuntos miembros de ETA y por haber descubierto dos zulos -uno en Lesaka- de la misma banda que hace poco más de un mes acabó cobardemente con dos de sus agentes en Capbreton. Entra dentro de lo posible que a esos mismos detenidos no les habría temblado la mano para ejecutar a cualquiera de nosotros si sus cabecillas se lo hubiesen ordenado.
El lunes, uno de los detenidos, Igor Portu, tuvo que ser ingresado en el hospital de San Sebastián con policontusiones, una costilla rota y neumotórax. De acuerdo a la versión oficial, esas lesiones se habrían producido el domingo durante el forcejeo previo a su detención y el susodicho no habría manifestado ninguna molestia hasta el lunes, al ser examinado por el forense, según marca la ley. Aunque siempre es oportuno dar un margen de confianza a las autoridades, parece bastante inverosímil que alguien con esas lesiones no exprese durante tantas horas ningún dolor.
A nadie se le escapa que se trata de un asunto muy serio, cuyo completo esclarecimiento es preciso exigir al Gobierno y los jueces. Si se hubieran producido malos tratos o torturas hacia el detenido, todos los implicados deberían ser procesados y castigados. No ya para limpiar el nombre de la Guardia Civil, sino por decencia, humanidad y respeto a nuestras propias leyes.
Como era de esperar, a la izquierda abertzale le ha faltado el tiempo para denunciar el caso y acusar directamente al PSOE de utilizar la tortura como "instrumento político". Me pregunto qué legitimidad tienen para denunciar nada quienes encomian y llevan a cabo homenajes a quienes han matado y mutilado a tantos niños, adultos y ancianos, sin darles la menor opción de defenderse. Piensen en esto: Igor Portu se recupera hoy de sus lesiones en un hospital público; cuando se recuperé será encausado, juzgado, contará con un abogado defensor de su confianza y cumplirá una condena proporcional a sus delitos, ¿recuerdan algún caso en el que ETA condujera al hospital a una de sus víctimas y le permitiera aducir algo en su defensa?
También EA y Aralar -expertos en fingir una equidistancia salomónica que les permita arrogarse el papel de jueces del "conflicto"- se han apresurado a denunciar unos hechos todavía confusos. Aralar, en concreto, ha sentenciado que "las Fuerzas de Seguridad del Estado siguen torturando". Y Maiorga Ramírez, de EA, ha señalado que "la única justificación que tiene el Estado para mantener el régimen de incomunicación es crear espacios de impunidad". ¿Estará de más recordarles que también la Ertzantza, bajo mando de sus socios del PNV, ha sido acusada en el pasado no sólo de torturas, sino también de realizar ejecuciones sumarias? Los miembros de Aralar que hayan militado en Herri Batasuna podrán ayudarles a hacer memoria.
En cualquier caso, lo ocurrido -que, insisto, debe ser aclarado cuanto antes- no puede servir para validar esa visión del terrorismo nacionalista como la expresión de un enfrentamiento entre dos bandos que cometen excesos equiparables, un conflicto que sólo podrá resolverse por medio de un cese bilateral de la violencia y una negociación de igual a igual entre los agentes implicados. La democracia, nuestra democracia, no es culpable de los abusos que puedan cometerse contra los miembros de ETA. Los ciudadanos nunca hemos legitimado las torturas, ni autorizado a nadie para cometer ningún delito. Hemos renunciado a la aplicación del ojo por ojo, incluso cuando existe la certeza de los crímenes de un acusado. Hemos optado por un trato humano hacia todos. Si en algún momento, un Gobierno o un miembro de las Fuerzas de Seguridad va más allá de lo que permiten nuestras leyes, lo hace ilegítimamente y contra nuestra voluntad. Por lo mismo, su delito no nos criminaliza y, en cambio, lo excluye de nuestras filas.
Iñaki Iriarte López
Diario de Navarra. Miércoles, 9 de enero de 2008.
El "caso Portu"
UNA vez más, los ciudadanos de bien hemos de sentirnos agradecidos hacia la Guardia Civil por haber detenido a dos presuntos miembros de ETA y por haber descubierto dos zulos -uno en Lesaka- de la misma banda que hace poco más de un mes acabó cobardemente con dos de sus agentes en Capbreton. Entra dentro de lo posible que a esos mismos detenidos no les habría temblado la mano para ejecutar a cualquiera de nosotros si sus cabecillas se lo hubiesen ordenado.
El lunes, uno de los detenidos, Igor Portu, tuvo que ser ingresado en el hospital de San Sebastián con policontusiones, una costilla rota y neumotórax. De acuerdo a la versión oficial, esas lesiones se habrían producido el domingo durante el forcejeo previo a su detención y el susodicho no habría manifestado ninguna molestia hasta el lunes, al ser examinado por el forense, según marca la ley. Aunque siempre es oportuno dar un margen de confianza a las autoridades, parece bastante inverosímil que alguien con esas lesiones no exprese durante tantas horas ningún dolor.
A nadie se le escapa que se trata de un asunto muy serio, cuyo completo esclarecimiento es preciso exigir al Gobierno y los jueces. Si se hubieran producido malos tratos o torturas hacia el detenido, todos los implicados deberían ser procesados y castigados. No ya para limpiar el nombre de la Guardia Civil, sino por decencia, humanidad y respeto a nuestras propias leyes.
Como era de esperar, a la izquierda abertzale le ha faltado el tiempo para denunciar el caso y acusar directamente al PSOE de utilizar la tortura como "instrumento político". Me pregunto qué legitimidad tienen para denunciar nada quienes encomian y llevan a cabo homenajes a quienes han matado y mutilado a tantos niños, adultos y ancianos, sin darles la menor opción de defenderse. Piensen en esto: Igor Portu se recupera hoy de sus lesiones en un hospital público; cuando se recuperé será encausado, juzgado, contará con un abogado defensor de su confianza y cumplirá una condena proporcional a sus delitos, ¿recuerdan algún caso en el que ETA condujera al hospital a una de sus víctimas y le permitiera aducir algo en su defensa?
También EA y Aralar -expertos en fingir una equidistancia salomónica que les permita arrogarse el papel de jueces del "conflicto"- se han apresurado a denunciar unos hechos todavía confusos. Aralar, en concreto, ha sentenciado que "las Fuerzas de Seguridad del Estado siguen torturando". Y Maiorga Ramírez, de EA, ha señalado que "la única justificación que tiene el Estado para mantener el régimen de incomunicación es crear espacios de impunidad". ¿Estará de más recordarles que también la Ertzantza, bajo mando de sus socios del PNV, ha sido acusada en el pasado no sólo de torturas, sino también de realizar ejecuciones sumarias? Los miembros de Aralar que hayan militado en Herri Batasuna podrán ayudarles a hacer memoria.
En cualquier caso, lo ocurrido -que, insisto, debe ser aclarado cuanto antes- no puede servir para validar esa visión del terrorismo nacionalista como la expresión de un enfrentamiento entre dos bandos que cometen excesos equiparables, un conflicto que sólo podrá resolverse por medio de un cese bilateral de la violencia y una negociación de igual a igual entre los agentes implicados. La democracia, nuestra democracia, no es culpable de los abusos que puedan cometerse contra los miembros de ETA. Los ciudadanos nunca hemos legitimado las torturas, ni autorizado a nadie para cometer ningún delito. Hemos renunciado a la aplicación del ojo por ojo, incluso cuando existe la certeza de los crímenes de un acusado. Hemos optado por un trato humano hacia todos. Si en algún momento, un Gobierno o un miembro de las Fuerzas de Seguridad va más allá de lo que permiten nuestras leyes, lo hace ilegítimamente y contra nuestra voluntad. Por lo mismo, su delito no nos criminaliza y, en cambio, lo excluye de nuestras filas.
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