El "caso Portu"

“Piensen en esto: Igor Portu se recupera hoy de sus lesiones en un hospital público; cuando se recuperé será encausado, juzgado, contará con un abogado defensor de su confianza y cumplirá una condena proporcional a sus delitos, ¿recuerdan algún caso en el que ETA condujera al hospital a una de sus víctimas y le permitiera aducir algo en su defensa?”
Iñaki Iriarte López
Diario de Navarra. Miércoles, 9 de enero de 2008.

El "caso Portu"
UNA vez más, los ciudadanos de bien hemos de sentirnos agradecidos hacia la Guardia Civil por haber detenido a dos presuntos miembros de ETA y por haber descubierto dos zulos -uno en Lesaka- de la misma banda que hace poco más de un mes acabó cobardemente con dos de sus agentes en Capbreton. Entra dentro de lo posible que a esos mismos detenidos no les habría temblado la mano para ejecutar a cualquiera de nosotros si sus cabecillas se lo hubiesen ordenado.

El lunes, uno de los detenidos, Igor Portu, tuvo que ser ingresado en el hospital de San Sebastián con policontusiones, una costilla rota y neumotórax. De acuerdo a la versión oficial, esas lesiones se habrían producido el domingo durante el forcejeo previo a su detención y el susodicho no habría manifestado ninguna molestia hasta el lunes, al ser examinado por el forense, según marca la ley. Aunque siempre es oportuno dar un margen de confianza a las autoridades, parece bastante inverosímil que alguien con esas lesiones no exprese durante tantas horas ningún dolor.

A nadie se le escapa que se trata de un asunto muy serio, cuyo completo esclarecimiento es preciso exigir al Gobierno y los jueces. Si se hubieran producido malos tratos o torturas hacia el detenido, todos los implicados deberían ser procesados y castigados. No ya para limpiar el nombre de la Guardia Civil, sino por decencia, humanidad y respeto a nuestras propias leyes.

Como era de esperar, a la izquierda abertzale le ha faltado el tiempo para denunciar el caso y acusar directamente al PSOE de utilizar la tortura como "instrumento político". Me pregunto qué legitimidad tienen para denunciar nada quienes encomian y llevan a cabo homenajes a quienes han matado y mutilado a tantos niños, adultos y ancianos, sin darles la menor opción de defenderse. Piensen en esto: Igor Portu se recupera hoy de sus lesiones en un hospital público; cuando se recuperé será encausado, juzgado, contará con un abogado defensor de su confianza y cumplirá una condena proporcional a sus delitos, ¿recuerdan algún caso en el que ETA condujera al hospital a una de sus víctimas y le permitiera aducir algo en su defensa?

También EA y Aralar -expertos en fingir una equidistancia salomónica que les permita arrogarse el papel de jueces del "conflicto"- se han apresurado a denunciar unos hechos todavía confusos. Aralar, en concreto, ha sentenciado que "las Fuerzas de Seguridad del Estado siguen torturando". Y Maiorga Ramírez, de EA, ha señalado que "la única justificación que tiene el Estado para mantener el régimen de incomunicación es crear espacios de impunidad". ¿Estará de más recordarles que también la Ertzantza, bajo mando de sus socios del PNV, ha sido acusada en el pasado no sólo de torturas, sino también de realizar ejecuciones sumarias? Los miembros de Aralar que hayan militado en Herri Batasuna podrán ayudarles a hacer memoria.

En cualquier caso, lo ocurrido -que, insisto, debe ser aclarado cuanto antes- no puede servir para validar esa visión del terrorismo nacionalista como la expresión de un enfrentamiento entre dos bandos que cometen excesos equiparables, un conflicto que sólo podrá resolverse por medio de un cese bilateral de la violencia y una negociación de igual a igual entre los agentes implicados. La democracia, nuestra democracia, no es culpable de los abusos que puedan cometerse contra los miembros de ETA. Los ciudadanos nunca hemos legitimado las torturas, ni autorizado a nadie para cometer ningún delito. Hemos renunciado a la aplicación del ojo por ojo, incluso cuando existe la certeza de los crímenes de un acusado. Hemos optado por un trato humano hacia todos. Si en algún momento, un Gobierno o un miembro de las Fuerzas de Seguridad va más allá de lo que permiten nuestras leyes, lo hace ilegítimamente y contra nuestra voluntad. Por lo mismo, su delito no nos criminaliza y, en cambio, lo excluye de nuestras filas.