Diario de Navarra 2007/09/22
“Durante décadas el nacionalismo vasco ha exigido que la ikurriña ondease en los ayuntamientos de nuestra comunidad con el argumento de que una importante minoría de la sociedad navarra la sentía como propia. Resulta curioso que ese mismo argumento no haya servido hasta ahora en el País Vasco para que la bandera de España estuviera presente en los edificios del gobierno autónomo y los consistorios nacionalistas”
Iñaki Iriarte
Banderas
EN los últimos tiempos las banderas parecen haberse puesto de moda. Gobierno y oposición han discutido sobre la conveniencia de que se cumpla de Ley de Símbolos; el Ejecutivo vasco ha seguido haciendo caso omiso de la sentencia que le obliga a hacer ondear la bandera del Estado y la pasada semana, en Pamplona, los concejales de ANV optaron por ocultarla detrás de una cortina. Antes de ayer intentaron repetir la hazaña, pero la malvada alcaldesa había ordenado que la fijaran al suelo.
¡Cómo rabiaron los pobres! Así a primera vista, uno piensa que a estas alturas todo el mundo debería ser consciente de que las banderas no pasan de ser trapos de colores. Telas más o menos antiguas y vistosas por cuya razón se ha matado y muerto en exceso. Meros símbolos. Y que aquello que representan -un país, una región, una ciudad- seguirá existiendo por mucho que alguien se ensañe con su bandera. Imaginemos, por poner el caso, que en algún rincón del mundo una panda de barbudos no encuentra mejor manera de pasar esta tarde que prendiéndole fuego a una tela con las barras y estrellas. ¿Perjudicaría eso de una manera tangible a los ciudadanos norteamericanos? ¿Bajarían, acaso, sus salarios, empeoraría su nivel de vida? Parece que no. En consecuencia, ¿deberían reaccionar de alguna forma? ¿No será la indiferencia la mejor manera de responder a tales patochadas? En el fondo, emprenderla contra una bandera tiene mucho de rabieta infantil y denota tanta impotencia como cobardía: uno sabe de antemano que la pobre no va a defenderse. Y así cualquiera.
Sin embargo, aunque todo esto puedo ser rigurosamente cierto, a la vez, hay ocasiones en que inquietarse cuando tu enseña es atacada resulta no sólo racional, sino también necesario. Por ejemplo, cuando el ultraje no tiene lugar a miles de kilómetros de distancia, sino en tu propia tierra. Y muy especialmente cuando, como consecuencia de la ofensa, la expresión de aquello que la bandera simboliza pasa a considerarse un tabú e, incluso, una provocación. En ese caso, el asunto se reduce a algo tan sencillo como esto: uno empieza aceptando ocultar sus símbolos, para ahorrarse polémicas y broncas, y en poco tiempo termina consintiendo en ocultarse él mismo. Traducido a nuestro contexto: uno empieza aceptando que el «trapo» que representa a los españoles se torne una imagen inusual en las calles de San Sebastián, Bilbao o -ay- Bera y, a corto plazo, confesarse públicamente como español pasa a ser visto como una horterada pasada de moda y un deporte de riesgo. Llegados a ese punto, hay que optar por camuflarse bajo una etiqueta que no ofenda el gusto de nadie -gallego, asturiano, etc.- o simplemente guardar silencio cuando te interrogan por tu nacionalidad.
Durante décadas el nacionalismo vasco ha exigido que la ikurriña ondease en los ayuntamientos de nuestra comunidad con el argumento de que una importante minoría de la sociedad navarra la sentía como propia. Resulta curioso que ese mismo argumento no haya servido hasta ahora en el País Vasco para que la bandera de España estuviera presente en los edificios del gobierno autónomo y los consistorios nacionalistas. Y eso que el porcentaje de ciudadanos que allí se declaran españoles es mucho mayor que el de quienes aquí se identifican con la bandera de Arana.
Esta actitud, junto al gesto de Batasuna en el Ayuntamiento de Pamplona, muestra con claridad la pretensión por parte del nacionalismo vasco de esconder detrás de una cortina o encerrar directamente en un armario a esa parte de sus vecinos que persiste en confesarse española. Sin nostalgias imperiales, ni desmedidos orgullos raciales, pero española. Se busca abochornarla por ser lo que es, hasta el punto de que sólo pueda expresar su nacionalidad en la intimidad y no sin cierto sonrojo.
Pero lo más terrible de todo esto es que muchos no nacionalistas lleven décadas aceptando esconder un símbolo que no pasa de ser, como decía al principio, sino un trapo de colores, pero que aun y todo les representa.
sábado, 22 de septiembre de 2007
jueves, 20 de septiembre de 2007
El aborto en Navarra o la hipocresía a cuatro bandas
Coincidiendo con la polémica entre Amnistía Internacional y el Vaticano por la decisión de esta ONG de apoyar la práctica del aborto se plantea en el Parlamento de Navarra la exigencia del Partido Socialista de Navarra (PSN) a Unión del Pueblo Navarro (UPN) de que tome las medidas necesarias para que la Ley del Aborto en Navarra sea una realidad, ya que es la única comunidad en España donde no se practican interrupciones voluntarias del embarazo, tanto en clínicas públicas como en privadas. El PSN recuerda que las leyes se hacen para ser respetadas y puestas en práctica, señalando la hipocresía de UPN/PP en este asunto, pero al hacerlo no se da cuenta que también se pone él mismo en evidencia y a su hermano mayor el PSOE:
Es triste ver como UPN se enroca en su rancia moralina y recurre a la falacia manipuladora de que “no fomentará la interrupción del embarazo”. Nadie le está diciendo que fomente nada, es algo tan simple como que respete la legalidad vigente y deje de considerar a las navarras ciudadanas de segunda para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las mujeres del resto de España.
Por desgracia parece que UPN no va a aprovechar esta oportunidad que el “como sea” navarro (PSN) le ha puesto delante, para bajarse del burro conservador y, abandonando la mojigatería que le caracteriza, iniciar el camino para convertirse en una derecha moderna, homologable a las del resto de Europa y que no impone sus prejuicios morales a los demás. Da la impresión que de tanto reivindicar la singularidad navarra UPN ha terminado por creerse que el fuero da derecho a gobernar imponiendo sus principios morales a los demás ¡Valiente hecho diferencial!
El PP, hermano mayor de UPN, gobernó durante ocho años en España y no se le ocurrió derogar la ley en cuestión. Bonito ejercicio de hipocresía por su parte, ya que si de verdad creyese en lo que dice debería haber derogado la ley del aborto cuando tuvo oportunidad de hacerlo.
Tampoco se escapa el PSN de este ejercicio de hipocresía ya que tuvo en su mano regularizar la situación del aborto en Navarra durante el tiempo en que gobernó en la comunidad; la ley del aborto se aprobó en 1985 cuando gobernaba el PSN y hasta 1996 pudieron normalizar la situación, en su lugar Gabriel Urralburu ideó el actual sistema. Tuvieron una segunda oportunidad con el gobierno de Javier Otano (1995-1996) pero no tomó ninguna medida y el aborto continuó, de facto, prohibido en Navarra. Estos precedentes ponen en cuestión la honradez de la reclamación socialista: ¿Habría normalizado la situación si el pacto con Nafarroa Bai hubiese llegado a buen puerto? La evolución de la sociedad navarra hace pensar que sí pero no sería de extrañar, conociendo el paño, que la situación del aborto en el territorio foral seguiría igual con el PSN en el poder.
Por último, el PSOE proponía en el programa electoral que llevó a Rodríguez Zapatero a la Moncloa la tan necesaria ampliación de la vigente ley del aborto, liberalizándolo en las primeras semanas, sin embargo rechazó una proposición presentada en el Congreso con la que hubiese cumplido su promesa electoral y terminado con la inseguridad jurídica en la que se encuentra la práctica del aborto en España.
Es triste ver como UPN se enroca en su rancia moralina y recurre a la falacia manipuladora de que “no fomentará la interrupción del embarazo”. Nadie le está diciendo que fomente nada, es algo tan simple como que respete la legalidad vigente y deje de considerar a las navarras ciudadanas de segunda para que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las mujeres del resto de España.
Por desgracia parece que UPN no va a aprovechar esta oportunidad que el “como sea” navarro (PSN) le ha puesto delante, para bajarse del burro conservador y, abandonando la mojigatería que le caracteriza, iniciar el camino para convertirse en una derecha moderna, homologable a las del resto de Europa y que no impone sus prejuicios morales a los demás. Da la impresión que de tanto reivindicar la singularidad navarra UPN ha terminado por creerse que el fuero da derecho a gobernar imponiendo sus principios morales a los demás ¡Valiente hecho diferencial!
El PP, hermano mayor de UPN, gobernó durante ocho años en España y no se le ocurrió derogar la ley en cuestión. Bonito ejercicio de hipocresía por su parte, ya que si de verdad creyese en lo que dice debería haber derogado la ley del aborto cuando tuvo oportunidad de hacerlo.
Tampoco se escapa el PSN de este ejercicio de hipocresía ya que tuvo en su mano regularizar la situación del aborto en Navarra durante el tiempo en que gobernó en la comunidad; la ley del aborto se aprobó en 1985 cuando gobernaba el PSN y hasta 1996 pudieron normalizar la situación, en su lugar Gabriel Urralburu ideó el actual sistema. Tuvieron una segunda oportunidad con el gobierno de Javier Otano (1995-1996) pero no tomó ninguna medida y el aborto continuó, de facto, prohibido en Navarra. Estos precedentes ponen en cuestión la honradez de la reclamación socialista: ¿Habría normalizado la situación si el pacto con Nafarroa Bai hubiese llegado a buen puerto? La evolución de la sociedad navarra hace pensar que sí pero no sería de extrañar, conociendo el paño, que la situación del aborto en el territorio foral seguiría igual con el PSN en el poder.
Por último, el PSOE proponía en el programa electoral que llevó a Rodríguez Zapatero a la Moncloa la tan necesaria ampliación de la vigente ley del aborto, liberalizándolo en las primeras semanas, sin embargo rechazó una proposición presentada en el Congreso con la que hubiese cumplido su promesa electoral y terminado con la inseguridad jurídica en la que se encuentra la práctica del aborto en España.
martes, 4 de septiembre de 2007
Nuevo alcalde en Irurzun
El nuevo alcalde de Irurzun, el nacionalista Juan José Iriarte, ha anunciado su primera gran medida al frente del consistorio navarro; asumir directamente la gestión del servicio de limpieza por parte del Ayuntamiento, labor de la que se encarga actualmente una empresa subcontratada (y especializada en la labor) que cobra por dicho servicio únicamente 6.000 euros mensuales. La medida, de fuerte carácter populista, pretende emplear a cinco nuevos ciudadanos que estén desempleados y evitando superar el gasto de 6.000 euros, algo a todas luces imposible ya que la empresa cobra ahora al Ayuntamiento 6.000 euros mensuales. Esta cantidad supone la inclusión del IVA, es decir, la facturación de la empresa es de 5.172,41 euros más IVA. Por tanto, que la empresa presta sus servicios con unos ingresos de 5.172,41 euros mensuales. Ahora veamos cuál es el coste para el Ayuntamiento, o dicho de otra manera, cuánto va a poder pagar a los trabajadores que piensa contratar sin aumentar los gastos de prestación del servicio: 6.000 euros por 12 meses son 72.000 al año. Teniendo en cuenta que los trabajadores suelen percibir 14 pagas y que el coste de la Seguridad Social en el Régimen General para las empresas de esta actividad es del 34,20% (suponiendo un contrato indefinido, si no, sería más caro), la retribución bruta mensual (sin hacer horas) de cada uno de esos cinco futuros empleados del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Irurzun es de 766,45 euros, que se quedan netos (descontada la aportación a la Seguridad Social del trabajador y las retenciones a cuenta del IRPF: 9,35%) en un líquido de 694,79 euros al mes ¿Existen trabajadores en Irurzun dispuestos a trabajar en las tareas del Servicio de Limpieza cobrando esa cantidad? ¿Qué dice el Convenio del Persona Laboral del Ayuntamiento? ¿Y qué dirán las centrales sindicales?
A buen seguro, con esos datos en la mano, el coste de la prestación del servicio aumentará como mínimo en un 50%, ya que - además de un sueldo digno de los trabajadores - hay que tener en cuenta otros gastos: la propia gestión administrativa del servicio (emisión y cobro de recibos, confección de nóminas y seguros sociales, etc.), combustible, gastos de mantenimiento (talleres, cambios de aceite, revisiones, etc.), de reposición (ruedas, etc.) y amortización de los bienes de equipo, contenedores y elementos de transporte necesarios para prestar la actividad.
Sea como fuere, siempre hay que preguntar por qué medidas como la descrita son calificadas como "progresistas": ¿es progresista aumentar el gasto público para realizar una labor que puede desempeñarse con menos dinero y por una empresa especializada?. Puede argumentarse que lo es si eso borra de las listas del desempleo a cinco personas pero, ¿no supone tal medida asumir el fracaso de las políticas de empleo por parte de las instituciones? No estamos hablando de personas que van a ser empleadas para un servicio necesario pero del que carece el municipio sino de la sustitución de los trabajadores de una empresa privada (que, por cierto, ¿qué harán ahora?) por otros, aumentando además la plantilla. Políticas de este corte se aplican a menudo y aunque la tozudez de la experiencia muestre con regularidad su fracaso a nivel económico y social a medio o largo plazo, los gobernantes se empeñan en aplicarlas porque a corto plazo (que es en el que ellos se desenvuelven), suponen votos, popularidad y poder.
Lo más complicado de estas medidas es estar en contra e intentar a explicar las ventajas que supone para el ciudadano contribuir con sus impuestos a pagar servicios por valor de 6.000 euros mensuales en vez de hacerlo por el doble o el triple. Al fin y al cabo, es dudoso que haya mejor política social que aquella que permite a las personas ahorrar doscientos euros al mes en vez de cien. Los ciudadanos, al fin y al cabo, suelen pensar que todos pueden pasar alguna vez por dificultades económicas y entonces quizá recurrir a la providencia del poder público; ¿protestarán entonces?. Es fácil convencer al ciudadano de las bondades del gasto público porque pensamos que las arcas municipales o estatales son pozos sin fondo a los que recurrir para solucionar cualquier dificultad y sólo cuando los problemas afloran se da cuenta de que las cosas no son tan sencillas. En un capítulo de Los Simpson Homer se presentaba a director municipal del servicio de limpieza con la promesa de ahorrar a los ciudadanos cualquier labor costosa relacionada con la basura, incluyendo la "dura tarea" de atar la bolsa y moverse cincuenta o cien metros para que el empleado municipal la recogiese. Homer ganó las elecciones pero pronto se dio cuenta de que cumplir semejantes promesas costaba mucho dinero, agotando el presupuesto municipal de un año en un mes. Al final, acabó por convertir Springfield en el basurero americano a cambio de dinero para pagar a sus empleados y, ante el desastre, el escarmentado pueblo tuvo que cambiar de residencia.
La cuestión, además, debería ir más allá y habría que plantearse si la eficiencia de la gestión privada de los recursos no es acaso superior a la realizada por el sector público. En este sentido, no hace mucho Jordi Sevilla propuso, con escándalo del funcionariado nacional incluido, incentivar económicamente a los empleados públicos para aumentar su productividad, evitando que uno trabaje por tres pareciendo que todos hacen lo mismo. No sabemos qué motivación tendrán en Irurzun los trabajadores cuyos contratos queden asegurados de por vida pero hay que suponer que no será muy diferente ni muy superior a la de un ciudadano madrileño que trabaje en Hacienda y sí contrastará con los empleados de la antigua empresa privada, que no puede permitirse que dentro de ella se cumpla el tópico español según el cual uno trabaja y dos miran. Si Iriarte y tantos otros progresistas de palabra pudieran superar viejos dogmas y prejuicios de tiempos pasados se plantearían seriamente la cuestión. Es sencillo comprar votos y voluntades recurriendo al gasto público pero es difícil recomponer la situación cuando torna en problemática sin acusar de las dificultades a quien te ha precedido en el cargo.
A buen seguro, con esos datos en la mano, el coste de la prestación del servicio aumentará como mínimo en un 50%, ya que - además de un sueldo digno de los trabajadores - hay que tener en cuenta otros gastos: la propia gestión administrativa del servicio (emisión y cobro de recibos, confección de nóminas y seguros sociales, etc.), combustible, gastos de mantenimiento (talleres, cambios de aceite, revisiones, etc.), de reposición (ruedas, etc.) y amortización de los bienes de equipo, contenedores y elementos de transporte necesarios para prestar la actividad.
Sea como fuere, siempre hay que preguntar por qué medidas como la descrita son calificadas como "progresistas": ¿es progresista aumentar el gasto público para realizar una labor que puede desempeñarse con menos dinero y por una empresa especializada?. Puede argumentarse que lo es si eso borra de las listas del desempleo a cinco personas pero, ¿no supone tal medida asumir el fracaso de las políticas de empleo por parte de las instituciones? No estamos hablando de personas que van a ser empleadas para un servicio necesario pero del que carece el municipio sino de la sustitución de los trabajadores de una empresa privada (que, por cierto, ¿qué harán ahora?) por otros, aumentando además la plantilla. Políticas de este corte se aplican a menudo y aunque la tozudez de la experiencia muestre con regularidad su fracaso a nivel económico y social a medio o largo plazo, los gobernantes se empeñan en aplicarlas porque a corto plazo (que es en el que ellos se desenvuelven), suponen votos, popularidad y poder.
Lo más complicado de estas medidas es estar en contra e intentar a explicar las ventajas que supone para el ciudadano contribuir con sus impuestos a pagar servicios por valor de 6.000 euros mensuales en vez de hacerlo por el doble o el triple. Al fin y al cabo, es dudoso que haya mejor política social que aquella que permite a las personas ahorrar doscientos euros al mes en vez de cien. Los ciudadanos, al fin y al cabo, suelen pensar que todos pueden pasar alguna vez por dificultades económicas y entonces quizá recurrir a la providencia del poder público; ¿protestarán entonces?. Es fácil convencer al ciudadano de las bondades del gasto público porque pensamos que las arcas municipales o estatales son pozos sin fondo a los que recurrir para solucionar cualquier dificultad y sólo cuando los problemas afloran se da cuenta de que las cosas no son tan sencillas. En un capítulo de Los Simpson Homer se presentaba a director municipal del servicio de limpieza con la promesa de ahorrar a los ciudadanos cualquier labor costosa relacionada con la basura, incluyendo la "dura tarea" de atar la bolsa y moverse cincuenta o cien metros para que el empleado municipal la recogiese. Homer ganó las elecciones pero pronto se dio cuenta de que cumplir semejantes promesas costaba mucho dinero, agotando el presupuesto municipal de un año en un mes. Al final, acabó por convertir Springfield en el basurero americano a cambio de dinero para pagar a sus empleados y, ante el desastre, el escarmentado pueblo tuvo que cambiar de residencia.
La cuestión, además, debería ir más allá y habría que plantearse si la eficiencia de la gestión privada de los recursos no es acaso superior a la realizada por el sector público. En este sentido, no hace mucho Jordi Sevilla propuso, con escándalo del funcionariado nacional incluido, incentivar económicamente a los empleados públicos para aumentar su productividad, evitando que uno trabaje por tres pareciendo que todos hacen lo mismo. No sabemos qué motivación tendrán en Irurzun los trabajadores cuyos contratos queden asegurados de por vida pero hay que suponer que no será muy diferente ni muy superior a la de un ciudadano madrileño que trabaje en Hacienda y sí contrastará con los empleados de la antigua empresa privada, que no puede permitirse que dentro de ella se cumpla el tópico español según el cual uno trabaja y dos miran. Si Iriarte y tantos otros progresistas de palabra pudieran superar viejos dogmas y prejuicios de tiempos pasados se plantearían seriamente la cuestión. Es sencillo comprar votos y voluntades recurriendo al gasto público pero es difícil recomponer la situación cuando torna en problemática sin acusar de las dificultades a quien te ha precedido en el cargo.
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