El nuevo alcalde de Irurzun, el nacionalista Juan José Iriarte, ha anunciado su primera gran medida al frente del consistorio navarro; asumir directamente la gestión del servicio de limpieza por parte del Ayuntamiento, labor de la que se encarga actualmente una empresa subcontratada (y especializada en la labor) que cobra por dicho servicio únicamente 6.000 euros mensuales. La medida, de fuerte carácter populista, pretende emplear a cinco nuevos ciudadanos que estén desempleados y evitando superar el gasto de 6.000 euros, algo a todas luces imposible ya que la empresa cobra ahora al Ayuntamiento 6.000 euros mensuales. Esta cantidad supone la inclusión del IVA, es decir, la facturación de la empresa es de 5.172,41 euros más IVA. Por tanto, que la empresa presta sus servicios con unos ingresos de 5.172,41 euros mensuales. Ahora veamos cuál es el coste para el Ayuntamiento, o dicho de otra manera, cuánto va a poder pagar a los trabajadores que piensa contratar sin aumentar los gastos de prestación del servicio: 6.000 euros por 12 meses son 72.000 al año. Teniendo en cuenta que los trabajadores suelen percibir 14 pagas y que el coste de la Seguridad Social en el Régimen General para las empresas de esta actividad es del 34,20% (suponiendo un contrato indefinido, si no, sería más caro), la retribución bruta mensual (sin hacer horas) de cada uno de esos cinco futuros empleados del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Irurzun es de 766,45 euros, que se quedan netos (descontada la aportación a la Seguridad Social del trabajador y las retenciones a cuenta del IRPF: 9,35%) en un líquido de 694,79 euros al mes ¿Existen trabajadores en Irurzun dispuestos a trabajar en las tareas del Servicio de Limpieza cobrando esa cantidad? ¿Qué dice el Convenio del Persona Laboral del Ayuntamiento? ¿Y qué dirán las centrales sindicales?
A buen seguro, con esos datos en la mano, el coste de la prestación del servicio aumentará como mínimo en un 50%, ya que - además de un sueldo digno de los trabajadores - hay que tener en cuenta otros gastos: la propia gestión administrativa del servicio (emisión y cobro de recibos, confección de nóminas y seguros sociales, etc.), combustible, gastos de mantenimiento (talleres, cambios de aceite, revisiones, etc.), de reposición (ruedas, etc.) y amortización de los bienes de equipo, contenedores y elementos de transporte necesarios para prestar la actividad.
Sea como fuere, siempre hay que preguntar por qué medidas como la descrita son calificadas como "progresistas": ¿es progresista aumentar el gasto público para realizar una labor que puede desempeñarse con menos dinero y por una empresa especializada?. Puede argumentarse que lo es si eso borra de las listas del desempleo a cinco personas pero, ¿no supone tal medida asumir el fracaso de las políticas de empleo por parte de las instituciones? No estamos hablando de personas que van a ser empleadas para un servicio necesario pero del que carece el municipio sino de la sustitución de los trabajadores de una empresa privada (que, por cierto, ¿qué harán ahora?) por otros, aumentando además la plantilla. Políticas de este corte se aplican a menudo y aunque la tozudez de la experiencia muestre con regularidad su fracaso a nivel económico y social a medio o largo plazo, los gobernantes se empeñan en aplicarlas porque a corto plazo (que es en el que ellos se desenvuelven), suponen votos, popularidad y poder.
Lo más complicado de estas medidas es estar en contra e intentar a explicar las ventajas que supone para el ciudadano contribuir con sus impuestos a pagar servicios por valor de 6.000 euros mensuales en vez de hacerlo por el doble o el triple. Al fin y al cabo, es dudoso que haya mejor política social que aquella que permite a las personas ahorrar doscientos euros al mes en vez de cien. Los ciudadanos, al fin y al cabo, suelen pensar que todos pueden pasar alguna vez por dificultades económicas y entonces quizá recurrir a la providencia del poder público; ¿protestarán entonces?. Es fácil convencer al ciudadano de las bondades del gasto público porque pensamos que las arcas municipales o estatales son pozos sin fondo a los que recurrir para solucionar cualquier dificultad y sólo cuando los problemas afloran se da cuenta de que las cosas no son tan sencillas. En un capítulo de Los Simpson Homer se presentaba a director municipal del servicio de limpieza con la promesa de ahorrar a los ciudadanos cualquier labor costosa relacionada con la basura, incluyendo la "dura tarea" de atar la bolsa y moverse cincuenta o cien metros para que el empleado municipal la recogiese. Homer ganó las elecciones pero pronto se dio cuenta de que cumplir semejantes promesas costaba mucho dinero, agotando el presupuesto municipal de un año en un mes. Al final, acabó por convertir Springfield en el basurero americano a cambio de dinero para pagar a sus empleados y, ante el desastre, el escarmentado pueblo tuvo que cambiar de residencia.
La cuestión, además, debería ir más allá y habría que plantearse si la eficiencia de la gestión privada de los recursos no es acaso superior a la realizada por el sector público. En este sentido, no hace mucho Jordi Sevilla propuso, con escándalo del funcionariado nacional incluido, incentivar económicamente a los empleados públicos para aumentar su productividad, evitando que uno trabaje por tres pareciendo que todos hacen lo mismo. No sabemos qué motivación tendrán en Irurzun los trabajadores cuyos contratos queden asegurados de por vida pero hay que suponer que no será muy diferente ni muy superior a la de un ciudadano madrileño que trabaje en Hacienda y sí contrastará con los empleados de la antigua empresa privada, que no puede permitirse que dentro de ella se cumpla el tópico español según el cual uno trabaja y dos miran. Si Iriarte y tantos otros progresistas de palabra pudieran superar viejos dogmas y prejuicios de tiempos pasados se plantearían seriamente la cuestión. Es sencillo comprar votos y voluntades recurriendo al gasto público pero es difícil recomponer la situación cuando torna en problemática sin acusar de las dificultades a quien te ha precedido en el cargo.
martes, 4 de septiembre de 2007
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